24.07.2017 – El fin de las corridas de toros en las islas Baleares

» Mediante un mecanismo regulatorio, el Parlamento de las Islas Baleares en España pone fin a la crueldad de las corridas de toros, prohibiendo también el uso de animales en los circos.

» Junto a la Asociación de Veterinarios AVATMA, la Fundación Franz Weber tuvo la misión de redactar el texto de Ley y conseguir los acuerdos entre partidos políticos.  

El Parlamento de las islas Baleares ha aprobado hoy con mayoría absoluta una ley que, mediante la hiperregulación, prohíbe las corridas de toros tal y como las conocemos hoy en día. Baleares se convierte así en la tercera Comunidad Autónoma en España donde no se permitirá la matanzas de animales en las corridas de toros, y en un espejo para el resto de autonomías que quieran emprender caminos similares.

Gracias al esfuerzo de conciencia, visibilización y protesta que durante décadas han llevado a cabo varias entidades locales, asociaciones y activistas, entre las que destaca la campaña “Mallorca Sense Sang” liderada por AnimaNaturalis y CAS y la incidencia política de la ONG LiBERA!, se logró incluir la abolición de la tauromaquia en los programas electorales.

A mediados del año 2016, los partidos del Pacto presentaron una Proposición de Ley, impulsada por distintas formaciones políticas, para garantizar la protección integral de los animales sin excepciones, incluyendo la abolición de las corridas de toros. Sin embargo, la estimación del recurso interpuesto por el Partido Popular por parte del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional y nulo el artículo 1 de la Ley 28/2010 que prohibía las corridas de toros en Catalunya, cambiaba el escenario. Según esta Sentencia, la prohibición de las corridas de toros por parte de la Generalitat de Catalunya mermaba las competencias del Estado para la preservación del patrimonio cultural que representan las corridas de toros, menoscabando con ello, las competencias autonómicas sobre espectáculos y animales ejercidas de forma democrática por la Generalitat de Catalunya.

A pesar de ello, el Tribunal Constitucional reconoce que el mantenimiento de esta manifestación cultural puede tener en cuenta otros intereses y derechos protegidos a veces contrapuestos, que han de ser también adecuadamente ponderados. Se refiere a la protección de los animales, entendiendo que la competencia sobre espectáculos públicos y protección animal permite a las Comunidades Autónomas “Regular el desarrollo de las representaciones taurinas” y “establecer requisitos para el especial cuidado y atención del toro bravo”, por lo que se desprende que se pueden eliminar todas aquellas prácticas que conlleven una especial crueldad contra estos toros.

“La sentencia responde a razones políticas centralizadoras y conservadoras y no a cuestiones de carácter jurídico. Pero ha delimitado la capacidad legislativa de las Comunidades Autónomas en materia taurina, sin más límite que el de impedir que dichas administraciones prohíban el espectáculo de plano” afirma Anna Mulà, abogada especializada en derecho animal de la Fundación Franz Weber.

Ante este escenario, los partidos de la coalición del gobierno han propuesto un texto, elaborado y redactado por AVATMA y la Fundación Franz Weber, que recoge una regulación basada en los estándares máximos posibles de protección de los animales, dentro del marco legal de la limitación competencial.

De este modo, se eliminan y se regulan aquellas prácticas que puedan suponer un sufrimiento para el animal, tales como: severas restricciones en cuanto al transporte, el origen, la edad y el peso de los toros (entre 4 y 6 años y entre los 435 y los 450 kilos según la categoría de plaza). Se incluyen también exigentes inspecciones veterinarias, controles antidopaje, tanto de toros como toreros y profesionales taurinos que intervengan en el toreo, antes y después del espectáculo, y la prohibición de utilizar herramientas punzantes o cortantes. Solo se permitirán tres toros por corrida, durante media hora como máximo (10 minutos cada uno) y se prohíbe la matanza obligando a devolver al toro a la ganadería de origen. Se prohíben también el uso de caballos y el consumo de bebidas alcohólicas, así como la entrada de menores de 18 años. A todas estas medidas se le suma la obligación de contratar seguros por elevados importes para organizar una corrida y la amenaza de multas de hasta 100.000 euros por incumplir la ley autonómica que hoy se aprueba.

Tanto para las organizaciones animalistas como para el sector taurino, que así lo ha manifestado en varios medios de comunicación, este texto hace que las corridas sean impracticables y equivalgan, en términos prácticos, a su abolición.

"Es más que probable que el sector taurino no quiera celebrar corridas bajo estos estrictos estándares de bienestar animal, pero de hacerse no se parecerían en nada a las salvajes y sanguinarias corridas de toros actuales. Si no las hacen, demostrarán que los argumentos de tradición, transmisión cultural, sostenimiento del toro y puestos de trabajo, son una falacia y una moneda de cambio, una excusa utilitarista para seguir exaltando la violencia y disfrutando de la tortura, la muerte y la sangre", argumenta el Director de la Fundación Franz Weber, Leonardo Anselmi.